El “Acuerdo Nacional de 1985” pactó la forma en que los militares regresarían a sus unidades y los civiles a administrar el país.

Lo más importante de ese “Acuerdo” no es lo que se lee, es lo que queda entre línea, lo que se debe “entender”, como sucede por ejemplo con la referencia a no tomar medidas que “afecten la estabilidad de la economía”.

En ese entre línea queda claro que se mantiene el modelo impuesto por los militares, que no habrá acciones que transparenten el proceso de “privatizaciones” por medio del cual los “privados” expropiaron al Estado de Chile.

Ahí se establecen las condiciones para que los políticos tengan participación en los directorios de las “privatizadas” y en las AFP, así se establece un “silencio” de 50 años, del que aún queda un poco más de 20 años para no hacer ni decir nada.

La implementación del modelo de abusos iniciado en los 80 se firma y acuerda en agosto de 1985.

En los 90 se crea la Comisión Rettigg y se encarga a René Abeliuk un estudio sobre las privatizaciones. Ese estudio existe. Se encuentra disponible. Fue incluso la base inspiradora y documental del libro el Saqueo de Chile, cuya autora hasta es reconocida con el Premio Nacional de Periodismo. El Congreso no dice ni hace nada, cumple el pacto, los políticos se asimilan, dejan sus miradas anteriores reemplazando la idea de Valor por la de Dinero. Saben que no hay presos por el “juicio de la historia”, llegan al colmo de pasar de administradores a administrados.

Sucede con las “privatizadas”, con las AFP, con los Bancos, con los Acuerdos y Tratados Comerciales, con la privatización de la Educación y la figura de los Sostenedores.

Fue necesario crear las Comisiones Retigg y Valech; ahora es fundamental investigar, establecer la verdad, aunque no se encuentre tipificados como delito, salvo en aquello que sea considerado como “lesión enorme” y establecer una sanción mínima que impida que los responsables participen de la vida política, puedan seguir en cargos públicos o ser parte de directorios en los que existan bienes del Estado.

Es un deber ético, fundamental y necesario para crear confianza que se constituya, con la participación de muchos, la COMISION ABUSOS.