“Excesos” fue el modo utilizado para referirse a la violación de los derechos humanos en los años de la dictadura militar en Chile y “Abuso” la calificación que se ha dado al comportamiento del sistema económico y a la manera de proceder de los grupos de poder, incluyendo en ello, a la clase política en ejercicio, pero no sólo en Chile, sino en la mayor parte de los países.

El comportamiento del sistema financiero, la situación de la educación como factor de negocio, los modos de regulación, siguen siendo parte central de los problemas que afectan a las mayorías y que han sido favorecidas por la omisión de una clase política que no puede alegar en su defensa desconocimiento ni ignorancia.

Los movimientos sociales siguen haciendo esfuerzos por ejercer sus derechos y lograr una arquitectura institucional que los considere e incluya.

No basta entonces con acciones para perfeccionar el sistema actual, es necesario dar forma a una nueva estructura de participación y organización que abra nuevos sentidos a las actividades económicas y políticas.

La estabilidad y la gobernabilidad requieren de acuerdos y sacrificios mayores, de lo contrario el riesgo de estallidos sociales se potencia y la crisis se profundiza.

La responsabilidad social del Estado debe ser activa, asumir sus tareas de bien común y romper las relaciones basadas en “excesos” y “abusos”.

Es tiempo de incorporar al debate no tan sólo el “ingreso mínimo”, debemos sumar la discusión sobre ingresos y ganancias máximas para cumplir con los requerimientos de la justicia, la igualdad y el derecho.

El peso de la desigualdad afecta la institucionalidad y la posibilidad de un desplome estructural se hace evidente.

La necesidad de resolver los problemas actuales sin violencia requiere de una actitud más comprometida con la autocrítica, el sinceramiento de posiciones y una transparencia que incorpore la participación ciudadana como una contraloría social tan efectiva como constructiva.

Es posible vivir un proceso nuevo, efectivamente sin partidos pero indudablemente con liderazgos reconocidos localmente y capaces de iniciar un trabajo de construcción de nuevos partidos o de modificación del modo de actuar de las organizaciones políticas existentes.

Esas formas deben reconocer el valor e importancia de la base, para que desde ella se den las condiciones para generar una institucionalidad realmente representativa de los intereses de la sociedad y capaz de subordinar por consecuencia al bien común los intereses particulares.

La ley debe recuperar su funcionalidad con el sentido de lo justo y dejar de ser amparo de privilegios.

Los conflictos de interés son notables y el daño a la confianza entre el pueblo y sus autoridades, se constituyen en un peligroso factor para la connivencia y la solución inteligente de problemas y crisis.

Las elecciones municipales en Chile se transforman en una oportunidad para  diferenciar oportunismos de liderazgos, para optar por proyectos inclusivos y no excluyentes, para recuperar confianzas y la esperanza en un futuro vinculado con la solidaridad y la complementariedad de personas y territorios.